Organizaciones de la Sociedad Civil manifiestan su preocupación frente al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Published On 8 Noviembre, 2020 | By Fulloutdoor |

Fotografía: Biodiversidad André Ulyssesdesalis pexels

Ya van casi 10 años desde el ingreso del primer proyecto de esta materia en el 2010, y la lentitud de las tramitaciones preocupa a la comunidad sobre la prioridad que tiene la protección de la biodiversidad en la agenda legislativa.

El pasado miércoles 28 de octubre un grupo de investigadores y ONG ambientalistas firmaron una declaración pública para comunicar su preocupación frente al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Desde las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) comunicaron su preocupación por algunos aspectos críticos del proyecto de ley que deben ser modificados para resguardar efectivamente la biodiversidad y las áreas protegidas.

Planteamientos

Dentro de los planteamientos propuestos, a los cuales las organizaciones y investigadores suscriben, encontramos que la biodiversidad es fundamental para sostener la vida en el planeta pero que la pérdida de ella ha llegado a niveles críticos en todo el mundo y en Chile también.

Plantean también el papel de liderazgo que jugará Chile en materias de protección frente al cambio climático, donde el país se ha suscrito a varios compromisos internacionales, como la Agenda 2030 o las Metas Aichi. “Sin embargo, a nivel nacional, las Áreas Protegidas y conservadas no cuentan con una institucionalidad ni presupuesto adecuado que permita garantizar su protección efectiva”, afirman en la declaración pública.

Y por último mencionan la reactivación económica causada por la pandemia, donde hacen un llamado a no dejar en un segundo plano la protección del medio ambiente, que se transformará en base fundamental para garantizar derechos como el agua, la alimentación o salud física y mental entre otros.

“La crisis global en la que nos encontramos – de la que Chile no está ajeno – representada por la pérdida de biodiversidad, el avance del cambio climático, la pérdida de servicios y funciones ecosistémicas, la escasez hídrica, contaminación y otros fenómenos, sumada a la carencia de una ‘cultura de naturaleza’ y el precario acceso de las personas a áreas naturales – debe llevar al Estado a asumir con urgencia su función de protección efectiva de la biodiversidad y uso sustentable de la naturaleza, con especial énfasis en las áreas protegidas y conservadas en Chile”, dice el escrito público.

Artículos y temáticas cuestionadas.

Dentro de la declaración se mencionan algunos artículos cuyo contenido podría afectar gravemente la protección medio ambiental que se busca.

En el artículo 52 se presentan los bancos de compensación de biodiversidad, un punto que preocupa a las OSC y que pretenden dejar fuera del proyecto.

“El actual proyecto aborda este tema sin criterios definidos y con mecanismos como los bancos de compensación que pueden ir en detrimento del adecuado mantenimiento de la biodiversidad del país. Las compensaciones en biodiversidad deben considerar como mínimo la pérdida neta cero de biodiversidad, equivalencia ecosistémica, adicionalidad de protección de áreas amenazadas, irremplazabilidad y vulnerabilidad de los componentes de la biodiversidad a ser afectados, incertidumbre sobre la gravedad de los impactos, probabilidad de éxito de la compensación y tiempo requerido. Por su parte, los bancos de compensación que pretenden generar créditos en biodiversidad, funcionan como instrumento económico ajeno al foco de conservación de la biodiversidad por lo que deben ser eliminados del proyecto de ley”, establecen en la declaración.

Otro punto cuestionado es la falta de especificación sobre la gobernanza (estatal, compartida, privada, comunitaria) en el texto legal, lo que pondría en problemas frente a un reconocimiento de titulares de derechos y partes interesadas.

Y en tercer lugar plantean que en el texto no existe garantía de que no existirá retroceso en los actuales grados de protección o superficie de áreas protegidas. “Es por eso que proponemos que las categorías adopten estándares internacionales como las categorías propuestas por la UICN o similares y que se reconozcan las OMECs por sus aportes a la conservación”, establecen las OCS en el escrito.

Casi 10 años

El proyecto ingresó por primera vez el año 2011 bajo el boletín N° 7.487-12. Luego el año 2014 un nuevo proyecto ingresó bajo el boletín N° 9.404-12, este último fue recién aprobado en octubre del año 2017 por la Comisión de Medio Ambiente, en enero del 2019 por la Comisión de Hacienda y por el Senado en julio del 2019.

A pesar de ser tramitado con “urgencia suma” según la página del MMA, las OSC firmantes critican la verdadera prioridad que se le ha otorgado a este proyecto.

“La lentitud de la tramitación no se condice con la prioridad con que debe ser abordada la protección de la biodiversidad y la gestión y administración de las áreas protegidas. Son casi 10 años desde el ingreso del primer proyecto de Ley y este segundo proyecto de ley ingresado en 2014 recién se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados”, expresaron las OCS en la declaración.

Esta discusión llega justo en contexto de la discusión sobre la Ley de Presupuesto Nacional 2021, donde han existido recortes importantes en materias de protección de la biodiversidad del país. Entre ellas podemos encontrar una baja de 44% en estudios medio ambientales o 33% menos en áreas marinas protegidas y humedales, entre varias otras.

Como bien dice la declaración pública de las 21 OCS e investigadores, el enfoque necesario de reactivación económica a nivel país no puede dejar relegado a un segundo plano la protección medioambiental, un punto cada vez mas importante tanto para el país como para el mundo.

Las OCS e investigadores firmantes:

Las organizaciones firmantes son Fundación Terram, Ecosistemas, Fundación Cosmos, Oceana, Cooperativa Calahuala, Centro Ballena Azul, Corporación Amigos de los Parques, Observatorio Ciudadano, Parques para Chile, Tompkins Conservation Chile, WWF Chile, Fundación Plantae, Fundación Geute Conservación Sur, Fundación Fungi, Corporación Puelo Patagonia, CODEFF, Corporación Jardín Botánico Chagual, Dr. Eduardo Fuentes Q. (Consultor Biodiversidad y Desarrollo) y Alberto Tacón C. (Investigador Asociado UACH y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas UICN), Daniela Castro P.(Consultora en iniciativas de conservación) y Verónica Morales I. (Consultora en iniciativas de conservación).

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